Abstract
Una de las transformaciones recientes de las grandes ciudades latinoamericanas consiste en la ejecución – ya sea a través de inversión pública o privada – de grandes proyectos urbanos, principalmente en barrios tradicionales y centros históricos. Entre los proyectos más visibles destacan las obras de infraestructura vial diseñadas para enfrentar las problemáticas de movilidad y transporte, por ejemplo, así como otras construcciones relacionadas con aspectos como el crecimiento, desarrollo y competitividad de las ciudades. Paradójicamente, proyectos que pareciera que están orientados hacia el beneficio de la ciudadanía, han dado lugar a una serie de movilizaciones, conflictos sociales y reivindicaciones urbanas frente a estas acciones de carácter público. Esto, incluso, ha introducido un cambio cualitativo en quienes se resisten y movilizan. Ya que estos no sólo pertenecen a sectores populares, sino que en la movilización participan distintos sectores sociales, los cuales perciben que este tipo de proyectos son una amenaza que puede vulnerar sus derechos, civiles, sociales, políticos y medioambientales.
La Ciudad de México no ha sido ajena a esta tendencia. En los últimos años se han acentuado los conflictos entre el gobierno de la ciudad y distintas organizaciones sociales, asociaciones de vecinos y ciudadanos, que son causados por la implementación de grandes proyectos de infraestructura vial. Sin embargo, se observa que no se han generado los consensos necesarios para solucionar dicha problemática y las medidas tomadas por los poderes locales no han considerado las demandas ciudadanas en materia de planeación, ejecución de obras y, en general, de mecanismos ciudadanos para la gestión de la ciudad.
Para ilustrar estos planteamientos se aborda un caso paradigmático: el proyecto de la “Autopista Urbana Oriente”, que es una acción gubernamental que pretende solucionar la falta de movilidad y comunicación en el oriente de la ciudad pero, de realizarse, afectaría áreas naturales protegidas y además sería contraria a la reglamentación normativa y de planeación vigente. Asimismo, a los ciudadanos afectados se les ha negado el derecho a la consulta y, en consecuencia, han protestado y se han movilizado. No obstante, si bien estos han recurrido a instancias legales, se ha permitido la vulnerabilidad de sus derechos ciudadanos. La metodología utilizada parte de categorías analíticas vinculadas con la reconstrucción de los hechos más significativos en torno al proyecto a partir de la recopilación y sistematización de información periodística, informes gubernamentales y declaraciones públicas de los actores políticos, organizaciones, activistas y vecinos afectados.
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Copyright (c) 2022 Jesús Carlos Morales Guzmán